Las estafas por transferencia bancaria suelen aprovechar mensajes o emails de «proveedores» que piden cambiar la cuenta de destino. La víctima, pensando que paga a su proveedor habitual, envía el dinero a una cuenta fraudulenta.
La PSD2 obliga a los bancos a tratar las altas de beneficiarios y transferencias de alto importe como operaciones de riesgo, aplicando segundas verificaciones y retardos. Si la entidad no lo hace, es responsable.
Para reclamar, entrega el email fraudulento, la cronología de la transferencia y pide al banco la trazabilidad de la autorización, demostrando que fue inducida por un engaño y que no se aplicaron controles suficientes.
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