Las entidades financieras suelen atribuir al cliente una «negligencia grave» para negarse a devolver el dinero en casos de fraude. Sin embargo, la normativa PSD2 y la jurisprudencia establecen que el banco debe garantizar la seguridad de las transacciones y probar que aplicó medidas adecuadas. Cuando no puede demostrarlo, la responsabilidad recae en la entidad.
Analizamos varios casos en los que los jueces han obligado a los bancos a reintegrar el dinero por no implantar autenticación reforzada, no detectar transferencias atípicas o mostrar mensajes confusos. Estas sentencias sirven de base para futuras reclamaciones.
Al reclamar, es fundamental contar con un informe técnico que exponga los fallos de la entidad y conectar los hechos con la normativa vigente. Así, la argumentación de negligencia grave se desmonta.
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